2024. año de reestructuraciones en el Congreso
En pleno año electoral, la agenda del Congreso Nacional estuvo cargada de reestructuraciones legislativas claves, un nuevo poderío partidario, el estudio de reformas impulsadas por el Gobierno, la aprobación de leyes importantes y el congelamiento de otras que han estado retrasadas por años.
Desde que inició el 2024, en el Congreso Nacional la asistencia bajó y las aprobaciones de proyectos también disminuyeron por el periodo de intensa campaña política encabezado por los legisladores que buscaban repetir por otro periodo en sus curules o pasar a puestos municipales.
Tras las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, la reestructuración política del Congreso cambió drásticamente cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se quedó con la mayoría de los puestos legislativos, dejando a la oposición con una baja cifra que no le ha permitido detener proyectos ni aprobaciones, como sucedía en el pasado cuatrienio.
De acuerdo con los boletines definitivos de la Junta Central Electoral (JCE), el PRM se alzó con más de 140 puestos en la Cámara de Diputados y obtuvo 29 escaños en el Senado, lo que lo ubica con una arrolladora mayoría capaz de aprobar cualquier iniciativa sin trabas.
La estructura del Congreso también cambió cuando los resultados electorales llevaron al Poder Legislativo a más de 90 nuevos diputados y 18 nuevos senadores que tuvieron que ser instruidos en materia congresual antes de iniciar su periodo 2024-2028.
Un nuevo reglamento
Otro aspecto que rediseñó la dinámica legislativa fue la aprobación de un nuevo reglamento en la Cámara de Diputados. Las nuevas reglas fueron aprobadas a finales de julio y derogan viejas disposiciones que tenían más de 10 años vigentes.
Varios artículos del nuevo reglamento que aprobaron los diputados establecen que la asistencia a las sesiones «es obligatoria» y dispone que los legisladores que no asistan a más del 80 % de las sesiones podrían ser acusados y hasta destituidos.
Deudas pendientes
Aunque en el Congreso se lograron aprobar piezas importantes, otras quedaron nuevamente retrasadas por la falta de un informe.
Por ejemplo, el proyecto del Código Penal, congelado por más de 20 años en el Congreso, estuvo a punto de ser aprobado en junio, pero nuevamente fue engavetado cuando el presidente Luis Abinader expresó su desacuerdo con la pieza porque no estuvo lo suficientemente consensuada.
Otros proyectos como la ley de alquileres o la reforma a la ley de la seguridad social también se mantuvieron en el debate, pero nunca fueron aprobados por lentitud legislativa o por la falta de un informe en el que se recomiende su aprobación.
Lo aprobado
Aparte de un nuevo reglamento, dos proyectos relevantes que fueron aprobados por los congresistas son la nueva Ley de la Cámara de Cuentas, promulgada en junio de este año y la normativa para endurecer las penas por el tráfico ilícito de migrantes.
La primera, estudiada por dos años, reformó una ley que tenía 20 años de vigencia. Su propósito es evitar los conflictos internos en la Cámara de Cuentas y evitar escándalos y acusaciones como las que surgieron en medio de la gestión del actual Pleno fiscalizador, presidido por Janel Andrés Ramírez.
La otra, aprobada a finales de octubre, establece que una persona podría enfrentar 30 años de prisión si realiza tráfico de ilícito de un migrante que sea menor de edad, enajenado mental, discapacitado o esté en condición vulnerable.
Las reformas
Las reestructuraciones en el Congreso también se extrapolaron hasta la reforma constitucional, donde, por mayoría de votos de la Asamblea Nacional, se bajó la matrícula en la Cámara Baja de 190 a 170 diputados.
La nueva Constitución fue sometido a arduas discusiones en el Congreso y algunas modificaciones, pero finalmente fue aprobada casi como la envió originalmente el Poder Ejecutivo. La reforma a la Carta Magna incluyó la unión de las elecciones en el país, una nueva forma de escoger al procurador y una cláusula que impide que cualquier mandatario se postule para un tercer periodo gubernamental.
Tras la reforma constitucional, los diputados intentaron estudiar un proyecto de reforma fiscal, aunque sin éxito. La iniciativa tributaria fue detenida en el Congreso tras unas vistas públicas en la que se evidenció que la mayoría de la sociedad rechazaba la propuesta del Gobierno por considerar que la pieza afectaría a sus finanzas y que no fue consensuada correctamente.
Casi de inmediato, el Poder Ejecutivo decidió enviar al Senado su propuesta de la reforma laboral, una pieza que modificaría de manera integral el Código de Trabajo aprobado en el año 1992.
La pieza aún no ha sido aprobada y sus estudios se postergaron para enero, cuando los senadores seguirán analizando los artículos de la iniciativa y las propuestas de los sectores empresariales, sindicales y trabajadores del país.
Fuente: Diario Libre